Manuel Castells: La solución islandesa

Nosotros somos pródigos en experiencias dolorosa y traumática. Por eso conocemos bastante bien, el camino que se le está haciendo transitar al pueblo griego. Ya nos lo han hecho transitar una y otra vez y de ser posible, nuevamente en el futuro. En esta nota Manuel Castells, ofrece la perspectiva de los islandeses quienes ante la crisis financiera estallada en 2008, lograron imponer otra salida política a la crisis que les quisieron hacer pagar los bancos y sus representantes.



En los albores del movimiento de indignados, se clamaba: "Islandia es la solución!". Ahora, cuando se agrava la crisis financiera y se extreman los recortes sociales en Europa, Islandia crece al 2,3%, ha estabilizado su sistema financiero tras su colapso total en 2008, reducido el paro y relegitimado su sistema político mediante la preparación de una nueva Constitución con amplia participación ciudadana. Todo ello a partir de un movimiento de indignación popular que inició el 11 de octubre de 2008 el cantante Hordur Torfason y fue luego amplificado mediante internet.

Y es que Islandia se había convertido en ejemplo paradigmático de crecimiento basado en la especulación financiera. En 2007 era el quinto país más rico del mundo en renta per cápita, una riqueza generada por la rápida expansión de un sector financiero dominado por tres grandes bancos que alimentaron con crédito fácil la expansión de la demanda interna e incrementaron su capital ficticiamente usando las acciones de cada banco para comprar acciones de los otros y así aumentar su valor. El patrimonio bancario equivalía al 800% del PIB en 2007. Para ocultar sus maniobras crearon empresas en paraísos fiscales, como Luxemburgo, la isla de Man, las islas Vírgenes e incluso Cuba, a través de las cuales usaban sus capitales inflados como colaterales para pedir más préstamos internacionales. No lograron pasar desapercibidos y en 2006 Fitch devaluó la solvencia de Islandia, suscitando una minicrisis. Como reacción el Banco Central dobló sus reservas con un préstamo. Y la Cámara de Comercio contrató académicos prestigiosos como Mishkin, de la Columbia Business School, y Portes, de la London Business School, que certificaron (a cambio de jugosos honorarios) la solidez de las finanzas islandesas. El Gobierno dependía de los bancos que financiaron la campaña electoral del partido en el poder. Y los bancos practicaron la fuga hacia adelante: crearon cuentas de ahorro por internet de alto rendimiento (Icesave) y las popularizaron en el Reino Unido y Holanda. Era un típico esquema piramidal: con lo que cobraban de unos pagaban a los otros mientras durara. Por otro lado, intercambiaron títulos de deuda entre ellos (una práctica conocida como "cartas de amor") y usaron dichos títulos como garantía para obtener préstamos del Banco Central y del Banco Central de Luxemburgo, entre otros. En abril 2008 el FMI advirtió al Gobierno que debía controlar a los bancos. La respuesta fue pedir más préstamos internacionales. En septiembre el Banco Central compró 75% de las acciones del Banco Glitnir (¿no le hace pensar en los 8.000 millones que el Estado español invirtió en la recapitalización de las cajas?). En Islandia la acción del Banco Central tuvo el efecto de destruir la confianza en el sistema financiero: en octubre de 2008 se hundió el valor de las acciones y de los precios inmobiliarios y mucha gente se quedó sin ahorros y sin empleo. Los bancos quebraron.

El pozo parecía sin fondo. Pero ahí intervinieron los ciudadanos. Miles se unieron a Torfason en su protesta ocupando la plaza Austurvollar en enero 2009 cuando el Parlamento volvía de vacaciones (que no interrumpió por la crisis). La cacerolada siguió durante días, pese a la represión policial, forzando la disolución del Parlamento y nuevas elecciones. El partido de gobierno se hundió y una alianza de socialistas y rojos-verdes liderada por Johanna Sigurdardottir llegó al poder. Los tres bancos fueron nacionalizados y reestructurados. Los ahorros de los ciudadanos fueron protegidos por el Gobierno. Pero la decisión sobre las deudas a extranjeros que habían invertido especulativamente fue sometida a referéndum. El 93% de los islandeses votaron no devolver los 5.900 millones de dólares que se debían a inversores ingleses y holandeses. Lo cual obviamente generó un litigio que está ahora en los tribunales. Pero, ¿quién tiene jurisdicción en Islandia sobre la voluntad casi unánime del pueblo islandés? Los economistas de siempre vaticinaron la catástrofe. Nada de eso. La devaluación de la corona islandesa en un 40% (algo que no puede hacer Grecia) espoleó sustancialmente las exportaciones de pesca y aluminio y abarató el turismo al tiempo que limitó las importaciones. El paro descendió al 6,7%. El Gobierno adoptó medidas de austeridad pero apenas disminuyó gastos sociales porque se ahorró el costo que hubiera representado recapitalizar a los bancos. El conjunto de la economía se redimensionó a sus condiciones reales y la gente tiene empleo y ahorros seguros, paga menos en vivienda y no se endeuda porque no le prestan. Los acreedores internacionales podrían recuperar su dinero en la medida en que los bancos vendan patrimonio, pero sin dinero público. Además se establecieron controles para evitar fuga de capitales. Se pidieron responsabilidades al Gobierno anterior y el primer ministro Haarde está siendo juzgado. Se decidió hacer una nueva Constitución abierta a la participación ciudadana. Para ello, en noviembre de 2010 se designó un comité de 25 ciudadanos que supervisara el proceso constitucional. Las reuniones del comité fueron transmitidas por streaming en Facebook. En 2011, usando las redes sociales, miles de personas hicieron propuestas. 950 ciudadanos fueron elegidos al azar para discutir los ejes de la Constitución y informar en tiempo real mediante Twitter. En julio se aprobó un borrador que será debatido en las redes sociales y propuesto a referéndum.

Muchos dudan de la aplicabilidad de la solución islandesa a otros contextos. Sobre todo se desdeña la posibilidad del impago de la deuda exterior por el castigo que infligirían los mercados financieros. Y, sin embargo, se sabe que la deuda griega es impagable. El rescate griego consiste en decidir cómo se reparte el enjuague de esa deuda entre ciudadanos griegos (perdiendo sueldos y pensiones), ciudadanos europeos (que financiamos al BCE y al fondo de estabilización de la UE) y los bancos acreedores. Se trata de impago en Grecia como en Islandia. En un caso bajo control ciudadano, en otro mediante chanchullos entre gobiernos y bancos para ver quién paga qué. El secreto mejor guardado es que la eventual solución griega es la solución islandesa sin transparencia.

Nota del diario La Vanguardia del 8 de octubre de 2011